09 febrero, 2006

Memorandum del caso


1. Carta enviada por Florencio Madariaga a Anmistía Internacional poco ANTES de entregarse a las autoridades españolas

2.Memorandum oficial del Caso de Florencio presentado ante los Tribunales de Justicia en México


1. Carta enviada por Florencio Madariaga a Anmistía Internacional poco ANTES de entregarse a las autoridades españolas
ANMISTIA INTERNACIONAL.
LONDRES, INGLATERRA.

Por medio de la presente quiero poner en conocimiento de esa organización y solicitar su intervención con la finalidad de que se detenga esta persecución que se esta realizando a mí persona y a mí esposa por el simple hecho de pertenecer a un grupo político, tratando con ello el de impedir el expresar nuestras ideas y el poder defendernos (de forma jurídica) adecuadamente y poder obtener un debido proceso, por lo que procedo a detallarle los siguientes hechos.


Con motivo del cambio de cambio de gobierno en el estado de Chiapas en diciembre del año de 1999 , el gobernador entrante (Pablo Salazar Mendiguchia) ofreció auditar todas las áreas de trabajo importante de el gabinete saliente (Roberto Albores guillen.),en el cual el suscrito tuvo el cargo de subprocurador General jurídico y normativo y posteriormente como Subprocurador General de justicia , y como ultimo cargo el de Secretario Ejecutivo del Consejo estatal de Seguridad publica del Estado, en la administración del ex-gobernador Roberto Albores G., derivado de estas auditorias se ha desatado una cacería jurídico-política contra todos los ex -servidores públicos pertenecientes que trabajamos en la administración del grupo político del lic. Albores Guillen, y se han instrumentados juicios plagados de invenciones y graves irregularidades, como ejemplo reiterado mas grave es el de imputarnos el delito de “asociación delictuosa” que al ser un delito grave no alcanza el beneficio de la fianza , (la imputación de este tipo penal la hacen para tenernos recluidos y evitar el que uno se pueda defender en libertad).

Cada vez que alguien gana un amparó contra este tipo penal o cualquier acusación (en los casos de los que han sido detenidos) minutos antes de abandonar la cárcel nuevamente se les imputa un nuevo delito incluyendo la acusación de “asociación delictuosa” (delito grave según el código penal del estado de Chiapas), todo esto con la finalidad de retardar la liberación de los inculpados ,esto esta claramente demostrado en los hechos y en los expediente judiciales como es el casos de los Sr. Arturo López ,Humberto Córdova y Librado de la torre, quienes se encuentran recluidos, y cada vez que ganan un juicio el gobierno del sr. Salazar por conducto del fiscal general del estado sr. Mariano Herran , les instrumentan una nueva acusación .

Si el interés del Gobierno de Salazar Mendiguchia fuera el de aplicar correctamente la justicia, lo que establece la practica jurídica de un estado democrático, esta seria el de notificar o ejercer la acción penal conjunta y no de manera discrecional y de acuerdo a las fechas del calendario político de Chiapas.

Este gobierno supuestamente democrático pero claramente autocrático, ha intentado legitimar su gobierno persiguiendo a sus enemigos políticos con el código penal en mano, y no satisfecho con ello, mediante prensa ha realizado un linchamiento público-mediático, tanto a nivel estatal como nivel nacional imputándonos conductas supuestamente delictivas. Cuando en realidad lo que esta haciendo es perseguirnos y encarcelar a todos lo que somos parte del grupo político del lic. Roberto Albores Guillen, esto lo hace con la finalidad de desacreditar la obra realizada por el anterior gobernador y también evitando el que expresemos nuestras ideas políticas, con la finalidad de evitarle a Albores Guillen la posibilidad de ser nuevamente electo para el

Cargo de gobernador del estado de Chiapas, desprestigiándole al quedar expuesto y exhibiéndole ante la prensa nacional, el que su gabinete estuvo compuesto por corruptos, el fin es ese realmente, el perseguir y desaparecer como opción política a otro grupo político, al cual pertenecemos.

Es importante mencionarles que es prácticamente imposible el que en primera y segunda instancia judiciales se pueda ganar o obtener algún recurso jurídico de defensa ya que el actual titular del Tribunal de Justicia del Estado (Milton Morales H) fue impuesto vía la fuerza policíaca, desplazando al legitimo titular y forzando a una nueva elección, él cual bajo presión al resto de los magistrados obtuvo el ser el actual titular, mismo que fue coordinador de campaña de el entonces candidato a la gobernatura del Estado Sr., Salazar Mendiguchia, y luego ya como gobernador electo, el Sr. Morales, fue designado como subprocurador de justicia del Estado , es obvio que jamás esta tribunal y menos el titular podrán ser imparciales con la impartición de justicia que se de a sus supuestos enemigos políticos, tan es así que en ninguno de los 42 aprox. proceso penales que se ha llevado en contra de los “Alboristas”, estos han podido ganar ningún juicio y la protección y justicia ha sido otorgada por tribunales federales ,tribunales todavía en algunos casos lejanos a la influencia del actual titular del gobierno del Estado de Chiapas.

Por lo anterior es que al suscrito se le acuso en el año de de 2001 de “asociación delictuosa” y peculado, junto con otros exfuncionarios, los cuales fueron detenidos y remitidos a la cárcel (Eduardo Montoya, Roberto Sevilla) quienes ganaron sus respectivo juicios, (un año y meses después obtuvieron su libertad), previo desprestigio y linchamiento mediático.

Tramité el amparo ante tribunales federales (superiores) contra esta denuncia otorgándoseme el amparo inmediatamente por el de “asociación delictuosa” y posteriormente el de peculado, en el caso de este supuesto ilícito el juzgador federal determino que no se encontraban acreditados los elementos para poder otorgar la orden de aprehensión, en cualquier gobierno democrático, no se hubiera intentado volver a presentar esta acusación, pero en el caso de Chiapas, esta demostrado de que carece de estado de derecho, es por eso ,que nuevamente volvieron a presentar y obtener orden de aprehensión por este delito,(en juzgado de primera instancia dependientes del estado de Chiapas) cabe hacer la mención que los testigos de cargo de este supuesto ilícito son funcionarios del actual régimen gubernamental, quienes en la auditoria original resultaron responsables de la conducta que ahora me imputan, como se vera, es claro que se negocio la impunidad para unos con la finalidad de incriminarme. El procedimiento que en este caso se menciona, han intentado retardar la desición judicial y aun mas, el gobierno del estado ha ocultado dolosamente pruebas que me permitirían aclarar estas acusaciones, la situación actual es que esta en revisión la negativa a concederme al amparo bajo el num. De 546/2005 en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

En forma alterna a esta acusación, de forma oculta y dolosa, se inicio tengo entendido en el año de 2001, una serie de procedimientos administrativos por parte de la Contraloría del estado de Chiapas, los cuales los ocultaron de tal forma, que ahora me entero, que me embargaran el 100% de mis bienes derivado de que no comparecí a aclarar las supuestas irregularidades, de esto me entere por que la ejecución del embargo, se divulgo por medio de un periódico de circulación estatal.

La forma que utilizaron para ocultar esta notificación fue la de requerirme por medio del diario oficial del estado de Chiapas , mismo que circula solo los día martes de cada semana y solo se puede adquirir por medio de tiendas especializadas, es conveniente mencionarles que el suscrito radica en la ciudad de México, y de esta hay plena constancias en las respectivas declaraciones patrimoniales que presente ante la contraloría local (estatal) y en la que se señala mi domicilio en el que habito y también de mis oficinas en donde trabajo, así como también los respectivos números telefónicos de los mismo.

Derivado de estos procedimientos y de lo adelantado que llevan los mismos, estos se encuentran en la etapa procesal de un amparo que he solicitado contra este acto arbitrario, negándoseme la protección de la justicia y he solicitado la revisión del mismo ante la instancia superior, esta acción lo que busca, no es que se aclare las supuestas irregularidades sino que no cuente yo con recursos suficientes para poder seguir defendiéndome., estos se encuentran registrados bajo el Num. 464/2005 en el Vigésimo Colegiado de Circuito juntos con otros dos más en los que se me sentencia por no haber acudido a solventar supuestas irregularidades administrativas y que como mencione antes, no pude aclararlas por que jamás me citaron en mi domicilio y conforme a derecho.

Lo que es una realidad , que aun ,cuando se tenga la razón jurídica en tribunales dependientes del estado, no se ganara ningún recurso favorable a nosotros los “Alboristas” aun mas , tampoco se puede recurrir a instancias defensoras de derechos humanos en el estado de Chiapas ya que esta misma cuenta como titular a una exservidora publica que tuvo como cargo precisamente esa actividad en la fiscalia general del estado y como jefe directo a el sr. Mariano Herran, mismo que ha sido el titular de la procuraduría general de justicia que luego cambio de nombre a fiscalia general, institución y titular que ha sido y es el medio ejecutor de la política de persecución jurídico-política en contra de nosotros , al ser la actual titular de la comisión estatal de derecho humanos un miembro del grupo político de pablo Salazar es obvio y además esta demostrado que nunca vigilara correctamente los derecho humanos de sus supuestos enemigos políticos , queja que se presenta solicitando su intervención, no es atendida correctamente, es por eso que se recurre a esta instancia internacional y que se solicita su intervención, ya que no conformes con perseguirme a mi , ahora están realizando un acoso judicial contra mi esposa, al presentar denuncias amañadas o carentes de verdad para inculparla y obligarla a salir del país como han hecho conmigo, convirtiéndonos vía prensa automáticamente en delincuentes y exhibirnos ante la prensa nacional como unos funcionarios corruptos, esto se agravara y se esta viendo que con la posibilidad de ser candidato de Lic. Roberto Albores Guillén, al cargo de gobernador del estado de Chiapas, es conveniente mencionarles que mi esposa ha sido y es secretaria privada del Lic. Albores Guillen, y es por eso, la saña y interés en perseguirnos y/o encarcelarnos y en el mejor de los casos el de perjudicarnos por la cercanía que tenemos con el Lic. Albores, y no por nuestra conducta como exservidores públicos del gobierno de Chiapas.

Tan es dolosa la procuración de justicia en Chiapas en contra de nosotros los “Alboristas” que han citado judicialmente a mi esposa (Maria Guadalupe Guillen Alcázar) en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, siendo que ella habita actualmente en el Distrito Federal, (capital de México) y que es de explorado derecho que tiene el derecho de ser requerida judicialmente en el distrito judicial (fuero domiciliario) en donde habita ,vía exhorto judicial, al ejercitar nuestro derecho de ser citados vía exhorto han detenido todo tramite judicial y esta averiguación previa por enriquecimiento inexplicable se encuentra sin movimiento alguno, es obvio que lo revivirán cuando les sea oportuno políticamente y mientras seguirá el acoso hacia mi persona y mi familia, como es el caso de mi esposa ,de que no puede transitar libremente ya que ha sido amenazada de que será detenida en el estado de Chiapas en caso de visitar a su familia (radican en Chiapas ), es conveniente mencionarles que la procedencia licita de nuestros bienes fue aclarada ante el ministerio publico (fiscal) del distrito federal en el año del 2002 en el procedimiento que se había iniciado en contra mía, en ese acto se les presento un estado contable que incluía los sueldos percibidos en el tiempo que fungíamos los dos como servidores públicos en el estado de Chiapas en la administración del Lic. Roberto Albores, y la forma de adquisición y escrituras publicas, todo esto fue debidamente asentado en las diferentes declaraciones patrimoniales que al final de cada año se presentaron ante la contraloría general del estado. Esto demuestra que no existió ni existe ningún interés en ocultar los bienes legítimamente adquiridos y lo único que buscan es que no se cuenten con recursos económicos para poder pagar una defensa jurídica a adecuada y poder evitar el ser encarcelado injustamente, los num. De las averiguaciones previas relacionados con mi esposa son UESP/031/2003-04 y..
También se da el caso de haber sido citada bajo este mismo procedimiento en calidad de testigo en una acusación en contra de la esposa de lic., Roberto Albores guillen (sra. Maria Gleason Alvite) en calida de testigo y posteriormente si mediar argumento jurídico alguno la convierten en imputada.

Actualmente me encuentro exiliado en Europa y es claro que no podré regresar a mi país hasta que estén dadas las condiciones de se respeten mi integridad física, legal y moral, situación que en este momento no es posible, el linchamiento mediático y jurídico que esta realizando el gobierno de Salazar Mendiguchia, en contra nuestra nos hace imposible el acceder a una defensa adecuada en un lugar en donde han sido violentados los derechos humanos y la protección de cualquier garantía constitucional no existe.

Los derechos humanos de los “Alboristas” no existen en Chiapas, por decreto político del actual gobierno del estado de Chiapas , ni existirán mientras gobierne el Sr. Salazar, es por eso que me veo obligado a poner de su conocimiento todos estos hechos, que no se darían en cualquier otra parte del mundo, pero que se dan todos los días en el sur de México (Chiapas), también se da la posibilidad de que un día, al ser detenido y ser extraditado a mi país, y como están las condiciones en Chiapas de persecución policíaca y acoso psicológico a nosotros, los “Alboristas” el que no se me respeten mis derechos humanos y se intente incriminarme de acusaciones que en estos momentos no existes (esto lo hacen para evitar una correcta defensa), lo cual también hago de su conocimiento que se presentarían posteriormente , tratando de evitar mi libertad y tenerme recluido hasta el termino del mandato del sr. Salazar Mendiguchia y en su momento convertirnos en moneda de canje político para intentar detener la candidatura del Lic. Albores Guillen.

El tener la desgracia de haber trabajado en un gobierno que perdió las elecciones y que luego el gobierno entrante intentando legitimar su gobierno, intente destruir al anterior gobierno, nos ha convertido en los corruptos del gobierno anterior por decisión del Gobierno de Pablo Salazar y su brazo ejecutor el sr. Mariano Herran, sin ser esto cierto, y que en el caso de los “Alboristas” que están recluidos en la cárcel injustamente no se ha probado. Esa es la realidad que vivimos y que impera hoy en Chiapas, que lamentablemente hoy estamos “Los Alboristas” en medio de vendetta políticas, y no como lo intenta presentar el gobierno del estado de Chiapas ,como una cruzada contra la corrupción de exservidores públicos del gobierno anterior, lo hechos así lo demuestran y no puedo seguir callándome y permitir que nos sigan acosando psicológicamente-judicialmente y persiguiendo por delitos que no hemos cometido y sancionándonos por conductas inexistentes, destruyendo el patrimonio con el que contamos, mismo que se ha deteriorado al estar pagando defensas jurídicas por acusaciones inventadas y mas grave aun es que los “Alboristas” recluidos en la cárcel (Arturo López, Librado de la Torre, Humberto Córdova etc.) Los sigan destruyendo en su condición física, pisoteando sus derechos humanos y que cada ves que ganan un juicio inventado y momentos antes de salir libres les inventen uno nuevo, minando su fortaleza física-mental, por el solo hecho de haber colaborado y ser parte de un grupo político ,hoy sujeto a persecución.

Es por eso que les solicito su intervención, y acudan a Chiapas y que intervengan con la finalidad de que no sigan destruyendo a seres humanos que no han cometido delito alguno (así lo han demostrado los tribunales) y que su solo “delito” es haber formado parte de un gobierno que perdió las elecciones y que hoy puede volver a gobernar.
También para que se me pueda garantizar la posibilidad de una defensa adecuada y sin que me puedan inventar nuevas y falsas acusaciones, solicito la participación de este organismo internacional para que por su conducto pueda yo realizar el regreso a mi país, en la condición que sea ,como extraditado en el supuesto de que exista alguna orden de detención en mi contra o como un ciudadano normal que no esta sujeto a persecución alguna y que pueda transitar libremente por su país , pero con la garantía de que ya no me perseguirá injustamente gobierno alguno.
Se que me traerá consecuencias el que presente este escrito y solicite la intervención de este organismo internacional, pero no se ve que en el estado de Chiapas y México las cosas cambien y no me queda otra opción el que acudir a ustedes, por eso incluyo todos los datos de los expedientes penales y administrativos instaurados en contra mía y de mi esposa, en el caso de los demás “Alboristas”, en este momento los desconozco, así que por eso por mi parte no hay nada que ocultar al incluirlos en la presente y que ustedes puedan acceder a ellos.

Esperando la pronta atención a la presente me despido.

FLORENCIO MADARIAGA GRANADOS.
TLAPEXCO 23, COL. VISTAHERMOSA, DELEGACION CUAJIMALPA
CODIGO POSTAL 05100, MÉXICO DISTRITO FEDERAL.
MAIL:


2. Memorandum oficial del Caso de Florencio presentado ante los Tribunales de Justicia en México

A continunación reproducimos una descripción resumida de los hechos y de la la situación jurídica real de Florencio Madariaga, que se presentó ante el Tribunal Federal. A continuación de este escrito está el manual por el cual se distribuyó el dinero de los funcionarios.

EXP: 291/2005
ASUNTO: RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR FLORENCIO MADARIAGA GRANADOS.

Por medio del presente, me permito enviarle respetuosamente un saludo, y de la misma forma le hago llegar los puntos más sobresalientes en el Recurso de Revisión interpuesto por Florencio Madariaga Granados, por conducto de la suscrita, al tenor siguiente:

Con motivo del cambio de gobierno en el estado de Chiapas, el actual gobierno determino auditar todas las áreas importantes del gobierno anterior, convirtiendo estas auditorias en un pretexto para iniciar una ilegal persecución a funcionarios cercanos al anterior gobernador, derivado de esto, se presento denuncia en contra de mi poderdante, y que está contiene hechos que han tratado de presentar como constitutivos de delito, imputándole un delito que requiere características esenciales que no se dan en el caso que se presenta.

Se constituyo un Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión regulado por el art. 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que a la letra se lee:

En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria.

En reunión de trabajo de la Comisión de Apoyo del Comité Técnico, del Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión, (comité derivado del “Convenio de Coordinación para la Realización de Acciones al Programa Nacional de Seguridad Publica 1995-2000”), celebrada el día 22 de julio de 1999, el Comité Técnico de forma unánime, es decir, todo el cuerpo colegiado aprobó el “Manual de Políticas y Procedimientos para ejercer el Fondo de Seguridad Publica en el rubro de Profesionalización, de los Programas de Formación policial y Capacitación Especializada” Elaborado y emitido por la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, contando en su redacción con la participación del fideicomitente inicial y los siguientes firmantes:

Secretario de Gobierno; Secretario de Hacienda; Contralor General; Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica; Funcionario del Consejo Estatal de Seguridad Publica del Estado; Coordinador Regional del Sistema Nacional de Seguridad Publica; Procurador General de Justicia del Estado; y el Delegado Fiduciario de la institución bancaria, cuyo objeto era el de establecer las políticas y procedimientos que permitieran regular el ejercicio de los recursos del multicitado fideicomiso, específicamente del recurso destinado al subprograma Profesionalización de los Programas Formación Policial y Capacitación Especializado; Aclarando que en dicho acto, el quejoso no tuvo participación.

En el citado Manual de Políticas y Procedimientos se estableció entre otras cosas lo siguiente:

DE LAS DEFINICIONES
Incentivo por Eficiencia. Cantidad de dinero que se otorgara periódicamente por ejercicio presupuestal en tanto exista la ministración correspondiente y a criterio del Comité Técnico al resto de funcionarios y personal administrativos adscritos a la Procuraduría General de Justicia, que cumpla puntualmente con los estándares e indicadores de desempeño y satisfacción.

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
4.- Las situaciones no previstas en el presente ordenamiento en lo referente al ejercicio del recurso asignado para el subprograma Profesionalización de los Programas Formación Policial y Capacitación Especializada, serán resueltas por los miembros del Comité Técnico.

5.- En el ejercicio de los recursos del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, específicamente del recurso que se ha destinado al subprograma Profesionalización se cumplirá con las metas establecidas en el Anexo Técnico y los remanentes podrán ser distribuidos a criterio del Comité Técnico, COMO DOTACIONES COMPLEMENTARIAS A FUNCIONARIOS Y PERSONAL OPERATIVO adscritos a la Procuraduría General de Justicia que sustenten los siguientes cargos: Procurador General de Justicia, Subprocuradores Generales, Los Subprocuradores regionales zona centro, costa altos, norte y de justicia indígena, Jefe de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, Director de la Policial Judicial, Director de Asuntos Relevantes, Director de Visitaduría, Subdirector de Policía Judicial, Los subdirectores de las subprocuradurias ..

DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA
2.- El monto que POR DOTACIÓN COMPLEMENTARIA E INCENTIVO TRIMESTRAL POR EFICIENCIA se asigne a cada categoría será autorizado por el Comité Técnico.

En cumplimiento al “Manual”, el Comité Técnico de forma unánime autorizó se efectuara el pago a oficiales secretarios, mandos medios y superiores, en las sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso de Seguridad Publica del Estado de Chiapas como lo fueron la Décima Cuarta de fecha 12 de agosto, Décima Octava de fecha 21 de septiembre y Vigésima Quinta de fecha 16 de Diciembre, todas del año 1999, mismas que tuvieron como consecuencia que se suscribieran los acuerdos números 02, 04 y 06 respectivamente.

En la especie, se pretende imputar el delito de peculado al quejoso, sólo por el hecho de que formaba parte del Comité Técnico, que en fecha posterior realizó los pagos previamente autorizados y ordenados en el “Manual” a los mandos medios y superiores.

Mi poderdante NO pudo física ni jurídicamente “distraer” los recursos del fideicomiso de su objeto, es tan absurdo, que para ello tuvo que haber ordenado y manipulado al Comité Técnico en su totalidad, mismo que entre otros incluía a un representante de la Secretaría de Gobernación; un representante de la Secretaría de Hacienda local, un representante de la Contraloría del Estado, a los dos testigos de cargo y al propio Delegado Fiduciario, los cuales estaban fuera de la esfera de dominio y control del quejoso, quien tan sólo asistía al comité en representación del Procurador.

No obstante lo anterior, la autoridad responsable de manera tendenciosa, confunde las calidades de: Agente del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Perito; los que sí estaban sujetos a exámenes para ser acreedores de las DOTACIONES COMPLEMENTARIAS; con los mandos Medios y Superiores de la Procuraduría que de acuerdo al comité podían hacerse acreedores de INCENTIVOS, pero en ambos casos podían ser beneficiarios del pago, la diferencia es que estaban sometidos a reglas distintas, de conformidad con el multicitado manual.

El primer grupo de los mencionados, tan sólo debían de realizar cinco exámenes, y en el supuesto de no aprobar específicamente dos de ellos (el toxicológico y psicológico grave), quedarían excluidos del beneficio de los incentivos, es decir, quienes aprobaran el examen toxicológico y el psicológico grave; serían beneficiarios de la dotación complementaria no regularizable. El segundo grupo, relativo a los mandos medios y superiores, con los remanentes del fideicomiso, se les pagarían incentivos, en razón de los acuerdos tomados por el propio Comité Técnico, de conformidad con el “manual”.

En cuanto a los Funcionarios y Personal Administrativo Adscrito a la Procuraduría General de Justicia, recibieron estos pagos en cumplimiento del artículo 1 del Capítulo IV del “Manual”; misma dotación que es adicional al sueldo que reciben por parte del gobierno del Estado, y que a criterio de la Secretaría de Hacienda, fue trimestral, y que la Oficialía Mayor del estado estableció que se entregue en razón de “Incentivo por Eficiencia”.

El agente investigador que integró la causa que derivó en el Acto Reclamado, consideró que los mandos medios y superiores no tiene el carácter de Ministerio Público, lo que también es falso, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de Procuraduría vigente en el momento de los hechos (Ley del Ministerio Público); desde un agente del Ministerio Público hasta el Procurador, todos son considerados Ministerios Públicos, con fundamento en los artículos 2 y 3 de dicho ordenamiento que a la letra dicen:


Articulo 2º La Procuraduría General de Justicia se integra con:
I.- un procurador general de justicia, II:- subprocuradores generales de justicia, III.- directores generales, IV.- directores de área, V.- subdirectores, VI.- jefes de departamento, VII.- …

Articulo 3º los servidores públicos a que se refieren las fracciones II, III, IV, V y VI tendrán además el carácter de agentes del ministerio publico.

Respecto los recursos otorgados para el ejercicio del año 1999, y el de 2000, se debió demostrar plenamente el nexo causal así como los medios comisivos utilizados por el activo para cometer el injusto, es decir, la cantidad de recursos se otorgaron para el mismo, lo montos, su procedencia y su erogación, por lo tanto era una obligación de la Autoridad Investigadora, como en su momento lo fue el C. Agente del Ministerio Público Investigador, demostrarlos, pero dicho delito no se pudo haber cometido porque no se acreditó que los recursos no se hayan erogado en cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico, de otorgar dotaciones complementarias a agentes del Ministerio Público, Policías Judiciales y peritos; así como incentivar en lo económico a diversos mandos medios superiores adscritos a la Procuraduría General de Justicia.

A mayor abundamiento, tan cierto es que mi poderdante no tenía posesión o administración de esos recursos, que el fiduciario emitió los respectivos pagos de manera directa y con pagos en ventanilla bancaria, con fondos del fideicomiso, a cada uno de los beneficiarios que, a criterio del comité técnico, eran acreedores de “dotaciones complementarias” o del “incentivo por eficiencia”

En la resolución materia del presente recurso, se habla de dos montos irregulares, los mismos son soportados por los dictámenes periciales, que se llevaron a cabo por los peritos designados por la autoridad investigadora, mismos que debieron ratificar ante la presencia de la autoridad investigadora su dictamen, de tal manera que al no haberlo hecho carecen de validez, y como consecuencia inmediata la orden de aprehensión resulta ilegal, pues el peculado es un delito meramente patrimonial y si no se acredita el monto “distraído”, no es posible imputar tal delito.

En la fecha en que el auditor emitió su informe, mismo que motivó la denuncia en contra de mi poderdante, éste no tuvo a la vista el “Manual”, el cual justifica plenamente el procedimiento bajo el que se otorgaron las dotaciones complementaras y los incentivos por eficiencia; documento que, por causas que desconocemos, no le fue presentado , aún cuando éste se encontraba en esa fecha, en poder del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, y que además solventaba la justificación de los pagos que ahora se imputan como irregulares, mismo que obra en autos.

Resulta entonces más extraño, que el juez de distrito a quo, al negarle a mi poderdante el amparo y protección de la justicia, no haya considerado el multicitado manual, siendo este documento imprescindible para la correcta evaluación de la conducta de mi poderdante dentro del Comité Técnico, y por ende de todos los miembros que lo conformaban, incluyendo el de los testigos de cargo, a quienes se les concedió pleno valor probatorio, pese a que:

En el caso de la declaración del Señor Gabriel Flores Cancino,(funcionario del actual gobierno) es la persona que elaboró el Manual, y por tanto es el único responsable del contenido del mismo, pues además era el Director de la Dirección de Organización y Métodos, de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Chiapas; de acuerdo a su propia declaración, él elaboró dicho Manual, previo contacto con el titular del “Consejo Estatal de Seguridad Pública” José Luis Coutiño López, (quien curiosamente es también testigo de cargo en este proceso ), mismo que manifiesta que entre el período de Enero a Mayo de 1999 se comunicó con mi poderdante, vinculándolo falsamente en la elaboración del Manual en lo que respecta a la inclusión de mandos medios, superiores y personal operativo.

Respecto a lo declarado por el Señor José Marín Villafuerte Ochoa, (funcionario del actual gobierno) como él mismo declara, éste participó en las sesiones para determinar el personal al que se le haría el pago. Según el dicho del testigo, mi poderdante celebró pláticas con el Gobernador del Estado para influir en la decisión del Comité Técnico, lo que resulta absurdo y mal intencionado, pues el “Manual” ya había sido elaborado con anterioridad al momento de las supuestas pláticas.

Si ya existía el Manual de Políticas y Procedimientos para Ejercer el Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chiapas –“Manual” que contiene la firma del Señor Marín Villafuerte en todas y cada una de sus páginas, en su calidad de vocal propietario, y también como consta en autos, en todas las sesiones del Comité Técnico, APROBANDO LOS ACUERDOS-, mi poderdante no podía haber propuesto inclusión alguna de personal en el citado Manual en la supuesta plática con el Gobernador Albores Guillén, ya que dicha proposición hubiera sido inútil, al haber sido posterior a la autorización del multicitado manual.

La participación del señor Marín Villafuerte y Jose Luis Coutiño fue determinante para que se realizaran los pagos de DOTACIONES COMPLEMENTARIAS E INCENTIVOS POR EFICIENCIA, ya que como se dijo anteriormente, él era una persona que elaboraba los puntos a tratar en las sesiones del Comité Técnico, y él pudo oponerse o no haber elaborado las listas de los beneficiarios de estos pagos; Lo cierto es que señor Marín Villafuerte participó directamente en las sesiones preliminares, y nunca objetó o expresó su desacuerdo en el transcurso de las mismas, asimismo, todos los hechos realizados por el testigo, están plenamente documentados en autos, por lo que fácilmente se puede constatar la falsedad de su declaración.

El señor José Luis Coutiño, en su calidad de titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chiapas,siendo secretario y vocal propietario del comité técnico, pudo haber impedido esta supuesta ilegalidad consistente en el pago de dotaciones e incentivos a miembros de la procuraduría de justicia que se le imputa al quejoso, pero extrañamente el actuó como testigo de cargo en la causa penal, siendo que él ordenó al fiduciario realizar todos y cada uno de los pagos, como consta en autos.

A mayor abundamiento, con el voto propietario del testigo de cargo Marín Villafuerte, y el voto del señor José Luis Coutiño, sacaron adelante todos los acuerdos, y así se autorizó estos pagos en las mencionadas sesiones del Comité Técnico; por lo tanto, resulta falso y carente de toda verdad su dicho. Y en consecuencia, al haberse presentado el “Manual” por el señor Coutiño ante el Comité Técnico, y haberse aprobado, éste Manual se convirtió en obligatorio y causaba efectos jurídicos inmediatos, por lo que no se puede imputar el delito de peculado a mi representado, sólo por haber sido integrante del Comité Técnico que acordó los pagos de los mandos medios y superiores previamente ordenados por el “Manual”.

Resulta extraño el que no se haya valorado, el que la Secretaria de Hacienda reintegro al patrimonio del fideicomiso las cantidades hoy imputadas desviadas por mi poderdante, a petición del representante de esta Secretaria ante el comité técnico del fideicomiso (Marco Antonio Aguilar, funcionario del actual gobierno), decisión por cierto tomada entre los titulares de la Secretaria de Hacienda Publica y la Procuraduría del Estado ( en la que mi poderdante no participo) y que ante esto, el patrimonio del fideicomiso no sufrió quebranto alguno, y mas aun, que al ser aportadas estas cantidades por la Secretaria de Hacienda del Estado directamente al patrimonio del fideicomiso, se prueba que la decisión de pagar las dotaciones complementarias e incentivos por eficiencia fue una política de Estado (avalada por cinco Secretarios de Estado) dentro de una Política Nacional, buscando dotar de mejor salarios a los integrantes de la Procuraduría de Justicia, por lo que mi poderdante no recibió cantidad alguna por parte de la Procuraduría de Justicia ni de El Consejo Estatal de Seguridad y queda claro ,que él , no decidió de forma alguna la forma y cantidades de pago, no configurándose el dolo requerido y mas aun , que él no administro ni se le entrego recurso alguno de estas Secretarias, mucho menos pudo administrar el patrimonio del fideicomiso (esta función la ejerció la fiduciaria), que es un patrimonio autónomo al de la Procuraduría de Justicia y del Consejo Estatal de Seguridad, al haber trasmitido el Estado la propiedad de los recursos por conducto de la Secretaria de Hacienda a un fideicomiso de Administración e Inversión según lo indica el art. 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito .

El gobierno actual del estado de Chiapas dentro de su política de persecución a supuestos enemigos políticos, ha tratado de presentar como responsable de estos pagos a mi poderdante, y como se constata, esta fue una decisión de superiores jerárquicos que motivados por una política nacional, de dotar de mejores salarios a los integrantes de la Procuraduría de Justicia del Estado, decidieron lo conducente en el manejo de estos recursos.


Sin otro particular, le agradezco las consideraciones que tenga al presente, a efecto de conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso.





ATENTAMENTE




MARÍA GUADALUPE GUILLÉN ALCAZAR




----------------------------
Este manual establece los procedimientos para autorización y pago de todos los funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado, en el cual no participe , esta autorizado por cinco secretarios de Estado, lo han ocultado y el juez de la causa , ha omitido valorarlo.




--------------------------
Expedientes penales de Arturo López
Esta es la historia de persecución a D. Arturo LOPEZ MARTINEZ. En todos los expedientes penales que se han presentado contra él se ha probado su inocencia. Pero a base de denuncias han tratado de desprestigiarlo ante la opinión pública, que tiende a pensar que una denuncia es una presunción de culpabilidad del denunciado. La acusación se anuncia a bombo y platillo, pero luego silencian las resoluciones de inocencia, que han sido tantas como las falsas acusaciones que ha tenido.

Los fiscales de cobre de Pablo Salazar se han ensañado tanto contra D. Arturo LÓPEZ ha sido para desacreditar la obra pública realizada por él durante su cargo como colaborador de Roberto ALBORES GUILLÉN.

A continuación se presenta un elenco de todos los expedientes que se han presentado contra él hasta la fecha, y que le han impedido recuperar su libertad desde hace cinco años. En todos estos casos la jurisdicción federal ha decretado su inocencia. Pero cada vez que iba a salir de la cárcel, cinco minutos antes le notifican un nuevo proceso. Todavía continúa en prisión contra toda justicia. Y es previsible que no saldrá de prisión hasta que termine el gobierno represor de Pablo SALAZAR..


ASUNTOS DEL ING. ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ.
EXPEDIENTES PENALES


1.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 169/2001 JUZGADO: 2º PENAL.
DELITOS: FRAUDE, ASOCIACIÓN DELICTUOSA, EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS.
ESTADO ACTUAL: RESULTADO A FAVOR PARA EFECTOS. EN ESTE ASUNTO SE DECRETO LA COMPURGACION DE LA PENA YA SE GIRO EL OFICIO DE LIBERTAD A FAVOR DEL INGENIERO ARTURO LOPEZ MARTINEZ
JUEZ: LIC. JUAN CALDERÓN HERNÁNDEZ.

2.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 278/2001 JUZGADO: 2º PENAL.
DELITOS: PECULADO, ASOCIACIÓN DELICTUOSA, ABUSO DE FUNCIONES Y EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES.
ESTADO ACTUAL: RESULTADO A FAVOR PARA EFECTOS. SE DECRETO LA COMPURGACION DE LA PENA POR EL DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES,
JUEZ: LIC. JUAN CALDERÓN HERNÁNDEZ.

3.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 213/2002. JUZGADO: 2º PENAL..-
DELITOS: FRAUDE, ASOCIACIÓN DELICTUOSA, EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES.
ESTADO ACTUAL: SE DECRETO PROCEDENTE LA COMPURGACION DE LA PENA SIN QUE FUERA ACATADA ESTA POR PARTE DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA, SE PROMOVIO INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA MISMA, PENDIENTE DE RESOLVER.
JUEZ: LIC. JUAN CALDERÓN HERNÁNDEZ.

4.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 03/2004 JUZGADO: 2º PENAL.-
DELITOS: EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES, FRAUDE, PECULADO, Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA.
ESTADO ACTUAL: (SE ORDENO REPONER EL PROCEDIMIENTO) FIJANDOSE PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS SE DICTO SENTENCIA AMPARANDO AL QUEJOSO, SE INTERPUSO EL RECURSO DE REVISION POR PARTE DEL FISCAL FEDRAL AL QUE SE LE ASIGNO EL NUMERO 320/2005 ANTE EL H. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO..
JUEZ: LIC. JUAN CALDERÓN HERNÁNDEZ.

5.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 144/2003. JUZGADO: 3º PENAL.
DELITOS: ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES.
JUEZ: LIC. GUILLERMO E. CALVO BEUTELSPACHER.
ESTADO ACTUAL: CONCLUIDO POR PRESCRIPCIÓN.

6.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 291/2003 JUZGADO: 4º PENAL.
DELITOS: EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES Y PECULADO.
ESTADO ACTUAL: AMPARO A FAVOR Y PRESCRIPCIÓN.
JUEZ: LIC. ALEJANDRO CÁRDENAS LÓPEZ..


7.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE 84/2004. JUZGADO: 2° PENAL.-
DELITOS: EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS, PECULADO Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA.
JUEZ: LIC. JUAN CALDERÓN HERNÁNDEZ.
ESTADO ACTUAL: SE ENCUENTRA EN REVISIÓN

8.- PROCESO PENAL NÚMERO
EXPEDIENTE: 186/2004 JUZGADO: 3° PENAL.
DELITOS: EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS, PECULADO, FRAUDE Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA.
RESULTADO A FAVOR PARA EFECTOS.
ESTADO ACTUAL: CONCLUIDO A FAVOR

9.- PROCESO PENAL NÚMERO:
EXPEDIENTE: 424/2001 JUZGADO: 3° PENAL.
DELITOS: EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS Y FRAUDE.
JUEZ: LIC. GUILLERMO E. CALVO BEUTELSPACHER.
ESTADO ACTUAL: CONCLUIDO A FAVOR

10.- PROCESO PENAL NÚMERO:
EXPEDIENTE: 346/2004 JUZGADO: 2° PENAL.
DELITOS: PECULADO Y SOCIACION DELICTUOSA
ESTADO ACTUAL: AMPARO LISO Y LLANO A FAVOR DEL ING. ARTURO LOPEZ MARTINEZ, SE INTERPUSO RECURSO DE REVISON POR PARTE DEL FISCAL FEDERAL

11.- PROCESO PENAL NÚMERO:
EXPEDIENTE: X/25/2006 JUZGADO: DE DISTRITO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
DELITOS: EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES Y PECULADO
ESTADO ACTUAL: SE PROMOVIO AMPARO , CONCEDIENDOSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, SE ENCUENTRA CITADO PARA SENTENCIA.